LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, O PARAMILITARISMO COLOMBIANO & PENSAMENTO LIBERTADOR DEFENDIDO PELA FARC
Manuel Munoz Uribe,
festejado advogado colombiano, assessor jurídico de entidades sindicais
e movimentos populares na Colômbia e Diretor da ALAL, nos traz à
discussão sobre a violência ocorrente na Colômbia, com a matança de
dirigentes sindicais e membros integrantes da resistência que pugnam
pelo livre desenvolvimento da democracia na Colômbia e na América
Latina.
Na
análise trazida, mostra-se que Uribe não é o único culpado de tanta
violência na Colômbia que tem ceifado vidas de homens, mulheres,
crianças, como decorrência da edição do Decreto 3398, que deu origem ao
paramilitarismo e a Lei de “Segurança Nacional”, induzida pela política
de Estado na América Latina, na gestão de John F. Kennedy, como esclarece o grande pensador e professor norte-americano Noam Chomsky.
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DEBATE CEPEDA - ALVARO URIBE VELEZ
Epígrafe:
Si sabemos que no fueron las Fuerzas Armadas las que dijeron a los
campesinos que asesinaran a los hombres, a las mujeres y a los niños
para acabar hasta con las semillas de sus adversarios políticos, sino
los representantes y sus senadores, los políticos colombianos. (General
Alberto Ruiz Novoa).
No
es Álvaro Uribe Vélez el único culpable. Son todos los presidentes de
Colombia desde el 25 de diciembre de 1965, cuando Guillermo León
Valencia, abuelo de la Palomita, expidió el decreto 3398, para fundar el
paramilitarismo con el ditirambo de la “SEGURIDAD NACIONAL”. Desde
entonces, este mecanismo cobarde es una política de Estado inducida en
América Latina y particularmente en Colombia por el presidente John F.
Kennedy, según lo afirma el sabio profesor norteamericano Noam Chomsky.
No
hay uno solo de los presidentes con el pleno de sus gabinetes
ministeriales, que hayan desautorizado esta política de persecución y
liquidación de los opositores, principalmente de los dirigentes
populares, de los sindicalistas y de los defensores de derechos humanos,
catalogados todos inicialmente como “proponentes comunistas” y luego
como “guerrilleros” y hoy como “terroristas”, precisamente por quienes
pusieron en práctica este mecanismo de muerte para impedir el desarrollo
de la democracia en América Latina.
Inicialmente,
esta política recomendada por USA desde 1962 - tres (3) años después
del triunfo de la revolución cubana-, vino como anillo al dedo a la
oligarquía colombiana, para justificar el aniquilamiento de quienes,
como los guerrilleros del llano, aceptaron la paz propuesta inicialmente
por Rojas Pinilla y luego por el Frente Nacional. Todos los dueños de
los partidos tradicionales, se han lucrado económica y políticamente de
la instauración de la violencia engendrada por la “doctrina del enemigo
interno” o de la “seguridad nacional”, hacia la cual evolucionó el
monroísmo, otro engendro contrario al pensamiento del Libertador.
Al
promoverse la constituyente de 1991 por las guerrillas que querían
desarmarse y pactar la paz, Gaviria Trujillo y su ministro de defensa
(Hoy aliados incondicionales de Santos II) atacaron el cuartel general
del secretariado de las Farc EP en la Uribe Meta, pero (“aquella
perrilla sí, cosa es de volverse loco,….”) Tirofijo y sus hombres no
sufrieron el más leve rasguño en esa ocasión.
Hay
que anotar que los partidos tradicionales se opusieron ferozmente a la
constituyente, pero al producirse la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia que le dio vía libre al ejercer el control de
constitucionalidad del D. 1926 de 1990, de estado de sitio, se lanzaron a
su captura y lo lograron, como puede observarse más allá de la prensa
que convirtió al jefe de gobierno en el héroe de la Constitución del
91, cuando lo que hizo fue convertirla en instrumento del
neoliberalismo.
Vino
la Constituyente y todo marchó bien conforme a las expectativas
democráticas de sus convocantes iniciales, hasta cuando el ministro De
la Calle y el ministro Rudolf Hommes Rodríguez degeneraron lo que
indios, negros, zambos, blancos y mestizos, llenos de entusiasmo, habían
acordado hasta entonces. El ministro de hacienda de entonces,
insoportable pretencioso, metió el Consenso de Washington en la
constitución económica, en tanto que De la Calle metió desde el
Congresito, todos los decretos de estado de sitio anteriores y todos los
estatutos especiales, cuyo elenco conforma el terrorismo de Estado en
Colombia.
Como
remate, el gobierno del “el revolcón”, dictó el decreto 356 de 1994,
que revivió la esencia del derogado D. 3398/65, ahora corregido y
aumentado por las Convivir....Ese decreto fue encontrado por la Corte
Constitucional ajustado a la Carta, con el salvamento de voto de Carlos
Gaviria Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y
Vladimiro Naranjo Mesa, demócrata liberal el primero y conservadores
los otros.
La
mayoría involucrada en esa sentencia contó con el apoyo de Alejandro
Martínez Caballero, en tanto que su ponente, Jorge Arango Mejía, jamás
se ha arrepentido de haber consagrado como constitucionales los
mecanismos fachistas de control social, y por el contrario, al llamar a
votar por Zuluaga en periódico EL MUNDO de Medellín de fecha 15 de junio
de 2014, página 2, tronó así en una columna titulada “¡BASTA DE
COBARDÍAS Y COMPLEJOS DE INFERIORIDAD:
“¡El
expresidente Álvaro Uribe no es Hitler y el senador Iván Cepeda no es
Churchill para condenarlo por inexistentes pecados contra la democracia,
como tampoco tienen autoridad los burócratas de la Cidh!”
¿Qué
diría ahora este expresidente de la Corte Constitucional de Colombia
que con su sentencia subrayó el carácter de las CONVIVIR como doctrina y
política de Estado?
Qué
diría este “demócrata” incondicional de la barbarie que truena con
ínfulas de valiente después de haber presenciado la huida de Uribe Vélez
por entre las alcantarillas- como le gritó la senadora Claudia López-
utilizando la dialéctica cobarde de la estigmatización contra Iván
Cepeda, convencido que podía repetir lo mismo y con los mismos efectos
del estigma que utilizó contra su padre Manuel Cepeda?
Ninguno
de los expresidentes ni sus ministros, salvo el último “ministro de
guerra”, General Alberto Ruiz Novoa, desde Guillermo León Valencia hasta
los presidentes que administraron con celo la “doctrina de la seguridad nacional”
encarnada en las CONVIVIR, ni los directores y propietarios de los
partidos tradicionales, ¡ninguno!, se han arrepentido de ser los
servidores de quienes les impusieron desde el exterior, tal aterradora
doctrina. Y como no se han arrepentido, son culpables del genocidio
practicado por décadas contra el pueblo, cuyo balance ha hecho el Grupo
de Memoria Histórica.
Los
políticos tradicionales con sus diferentes disfraces, nombres y
colores, son los verdaderos culpables de nuestra tragedia. En Colombia
no tienen quién los juzgue y a nadie le interesa jugarlos, porque desde
cuando la justicia fue repartida paritariamente entre liberales y
conservadores, los jueces están inmersos en el mismo lodo de los
políticos, como no es necesario repetirlo.
El
debate olvidó que Uribe es uno, solo uno más, de quienes tienen cuentas
con la justicia internacional, porque la colombiana NI QUIERE NI PUEDE
juzgarlos. Y para colmo de males, los creadores del más moderno y feroz
paramilitarismo (complemento del Consenso de Washington), son los
aliados y asesores del Presidente Santos II.
No
queda sino la CPI, a la que han engatusado según parece. ¿Hasta cuándo?
Mientras los políticos colombianos no purguen en la cárcel la pena
imprescriptible de sus crímenes de lesa humanidad, la sociedad
colombiana seguirá enferma y moralmente afligida. Mientras tanto, “allí
siguen la democracia sin pueblo y el mismo río sucio”, como dijo el
exmagistrado que salvó su voto en el tema de las CONVIVIR, Eduardo
Cifuentes Muñoz (El Espectador, 21 de septiembre de 2014, página 51).
¡Que
los políticos tradicionales no se sigan escudando con los militares! Y
todos recuerden que quienes adoptaron y aplicaron la doctrina que
engendró el terrorismo de Estado son los civiles que fungen como
comandantes en jefe de las Fuerzas Militares.
MAMU
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.